PNV «in Fraganti»

Asociación de Víctimas del 3 de marzo * E.H
Los autores de artículo critican la actitud del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados español ante la votación de la reforma de la Ley 46/1977, llamada de Amnistía, que con los votos y abstenciones de PSOE, PP, CIU y el partido jeltzale quedó intacta. La referencia del portavoz del PNV a Manuel Fraga les parece especialmente insultante, toda vez que perciben la intención de exculpar al ex ministro franquista por motivo de su temprana edad cuando era ministro de la dictadura. Y para que no queden dudas de su implicación y responsabilidades en los desmanes de aquel régimen, hacen un recorrido histórico de su paso por el Gobierno español, desde 1962 hasta 1976, un recorrido repleto de víctimas.
La expresión viene del latín in flagranti (delicto), y en castellano ha evolucionado a in fraganti, utilizándose cuando alguien es pillado en el mismo momento en que está realizando una acción censurable. In Fraganti, con F de Fraga y protagonizando una acción censurable para las víctimas del franquismo, así hemos pillado al PNV en el Congreso de Madrid.
Se votaba reformar la Ley 46/1977, conocida como «Ley de Amnistía». Nacida de las entrañas del régimen, que se autoindulta de «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas» (párrafo literal de su artículo segundo), en realidad es una auténtica ley de punto final que impide juzgar los crímenes de la dictadura. Un objetivo tantas veces escondido por el relato oficial que pretende hacernos creer que la amnistía era para los presos políticos a los que se les perdonaba el inexistente delito de enfrentarse al fascismo.
PSOE, PP, CIU y PNV unieron sus votos negativos y abstenciones para avalar esa ley que garantiza la impunidad, con argumentos que fueron más insultantes todavía. Sobre todo los del portavoz del Grupo Vasco que tras anunciar la abstención de su grupo se preguntó «a quién se podría juzgar», para contestarse a continuación: «como no estemos pensando en un senador que era el junior del gobierno en los estertores del franquismo», en lo que era una evidente alusión al senador Manuel Fraga Iribarne.
Si se trataba de exculpar a Fraga de sus responsabilidades por el tema de la edad, lo de «junior» es cuando menos curioso, porque entró en el gobierno franquista con 40 años, en 1962. Fue ministro de Información y Turismo hasta 1969 y en este primer periodo, además de bañarse en Palomares, tuvo la misión propagandística de amortiguar en el exterior la vulneración sistemática de los derechos humanos que se producía en el Estado español. En este sentido se le acumuló el trabajo porque el asesinato del dirigente comunista Julián Grimau en 1963 despertó reacciones diplomáticas en todo el mundo y Fraga se convirtió en un agente muy activo para neutralizar la repercusión de este fusilamiento en el panorama internacional. Otro tanto con las ejecuciones a garrote vil perpetradas ese mismo año contra los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado. Los guerrilleros antifascistas Ramón Vila Caracremada y José Castro O Piloto también fueron asesinados por las balas de su gobierno, en 1963 y 1965 respectivamente. Al igual que el joven Enrique Ruano, que moría bajo custodia policial a comienzos de 1969 al «caer» maniatado desde un séptimo piso en Madrid tras ser brutalmente torturado.
El balance represivo en Euskal Herria de esa primera fase (1962-1969) en la que el actual senador participó en el gobierno y por tanto es responsable de esa violencia terrorista de estado, también es suficientemente trágico como para que el PNV se permita el lujo de pasar de puntillas. Más si cabe cuando dos miembros de EGI-Batasuna, organización con vinculaciones directas con las estructuras del PNV, murieron en abril de 1969 cuando preparaban una acción con explosivos dirigida a contrarrestar la propaganda del régimen dirigida por Fraga desde su ministerio. Puede que al PNV le incomode la memoria de Jokin Artajo y Alberto Asurmendi, pero somos muchos los que nunca olvidaremos su sacrificio y compromiso. Por eso también queremos recordar al resto de víctimas y luchadores antifranquistas asesinados en Euskal Herria durante esos años de «información y turismo»: Vicente Lertxundi (27-12-1962), Jesús do Santos (22-01-1965), Goñi (6-06-1965), Manuel Thomas (13-3-1966), Miguel Iturbe (11-09-1967), José María Quesada (17-01-1968), Txabi Etxebarrieta (7-06-1968), Segundo Urteaga (15-5-1969) y Félix Arnaiz (2-08-1969). El 29 octubre de 1969 Fraga acabó su primer periodo como ministro y precisamente dejó la cartera en el mismo momento que en Erandio la policía mataba a Antxon Fernández y Josu Murueta en la represión contra las protestas por la contaminación atmosférica.
Recién muerto Franco, con las estructuras del régimen intactas, Fraga volvería al gobierno el 12 de diciembre de 1975. Sólo en los 20 días anteriores las balas franquistas ya habían dejado cuatro muertes en Euskal Herria: Ángel Esparza (25 de octubre de 1975), Koldo López de Gereñu (2 de diciembre de 1975), José Ramón Rekarte (4 de diciembre de 1975) y Kepa Tolosa (9 de diciembre de 1975). En ese ambiente complicado tras la muerte de su dictador favorito; Fraga entra a lo grande como vicepresidente y ministro de Gobernación.
Estuvo en el cargo poco más de seis meses, hasta julio de 1976. Acuñó la famosa frase «la calle es mía», y este es el reguero de sangre que acompañó a su estancia como responsable de las fuerzas de orden público: Teófilo del Valle (Elda, 24 de febrero de 1976); Romualdo Barroso, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, José Castillo y Bienvenido Pereda (Gasteiz, 3 de marzo de 1976), Juan Gabriel Rodrigo (Tarragona, 6 de marzo de 1976), Vicente Antón Ferrero (Basauri, 8 de marzo de 1976), Oriol Solé (Auritz-Burgete, 7 de abril de 1976), Felipe Suárez (Zarautz, 12 de abril de 1976), Manuel Garmendia Korta (Bera, 18 de abril de 1976), Bernardo Bidaola Txirrita (Etxalar, 24 de abril de 1976); Ricardo García y Aniano Jiménez (Montejurra, 8 de mayo de 1976) y Alberto Soliño (Eibar, 12 de junio de 1976).
El 5 de julio de 1976 dejó el cargo, pero la represión no se acabó. Normi Mentxaka es asesinada en Santurtzi a las 72 horas de que Martín Villa cogiera su relevo en la cartera de Interior, con lo que iniciaría otra larga lista de víctimas policiales y parapoliciales bajo su mandato. Esto deja en evidencia que aunque es una referencia en la materia, la impunidad española no es patrimonio exclusivo de Fraga. Son muchos los franquistas que siguen vivos y tienen responsabilidades en las actuaciones de sus respectivos gobiernos, así que no nos olvidemos de la verdadera dimensión de las atrocidades cometidas y de la impunidad reinante gracias entre otras cosas a la Ley 46/1977.
El PNV, antes de preguntarse a quién vamos a juzgar, debería actuar con más coherencia, que ya es mayorcito (mañana cumple 116 años, 27 más que Manuel Fraga).

La clase política y las víctimas del franquismo

Es hora ya de que los partidos que han contado en sus filas con militantes antifascistas represaliados rompan con las dependencias adquiridas durante la «Transición» En tanto solo se reconozcan las consecuencias de la violencia sobre una parte de la sociedad, se estará dando continuidad a la dualidad establecida por el franquismo.

Lau Haizetara Gogoan * E.H
En los últimos días se han desarrollado, en ámbitos parlamentarios, varios episodios que requieren la atención de quienes defendemos los derechos de las víctimas del franquismo y el terrorismo de Estado:
El primero sucede el 13 julio en el Congreso de los diputados. La ley «integral» sobre víctimas del terrorismo excluye a las causadas por el terrorismo de Estado, la violencia policial y las organizaciones de extrema derecha. Y esto, pocas semanas después de que Antonio Hernando, portavoz de Interior del PSOE, manifestase que las víctimas de la violencia policial iban a ser contempladas en esta ley. Una nueva palabra incumplida, un engaño histórico más. El PSOE sigue dando la espalda al sacrificio de los miles de militantes que, en su día, le dieron aliento y forma. La ley sigue la estela de otras que discriminan a las víctimas según el origen de la violencia que han sufrido, lo que, en la práctica, supone legitimar el terrorismo de Estado y la violencia policial.
Mientras esto pasa en el Parlamento español, comienza el segundo episodio. Entra en escena la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, que publica, el 16 julio, un artículo de titulado «Memoria compartida», en el que pone al mismo nivel a los responsables del golpe militar de 1936 y a los defensores de las libertades.
El tercer episodio se produce en una fecha tan significativa como el 18 de julio. El Sr. Bono, presidente del Congreso, se niega a condenar el alzamiento del 36, a sus responsables y las consecuencias genocidas del mismo, en una línea muy similar a la del artículo de la Sra. Mendia. En ambos casos quienes hacen distinciones cuando se trata de la violencia política de los últimos 40 años (cientos de muertos) para «no equiparar a víctimas y verdugos», no tienen ningún problema al equiparar a víctimas y verdugos de la rebelión militar de 1936 (cientos de miles de muertos).
Episodio cuarto: una nueva esperanza defraudada. Solo un día después, en el mismo escenario, la clase política vuelve a dar la espalda a las cientos de miles de víctimas al no aprobar una propuesta del BNG que pretendía modificar la Ley de Amnistía de 1977 (en la práctica, una ley de punto final). Esta vez la culpa es compartida por PSOE, PP, CIU y PNV. Cabe destacar el papel de este último, que no rectifica su error de hace 35 años, ni salda la deuda de justicia que tiene con las víctimas. Justifica su negativa aduciendo que los responsables de los crímenes han muerto. Esto solo es cierto si nos referimos a los dirigentes de la rebelión militar de 1936, pero no si hablamos de muchos de los responsables de la dictadura y el terrorismo de Estado que siguieron a la victoria de los sublevados. Algunos partidos utilizan su pasado antifascista como parapeto en el que cobijarse para negar su responsabilidad por no establecer, en su momento, las vías de superación de las vulneraciones de los derechos humanos. Una vez más esto significa dejar a las víctimas en la cuneta del olvido.
Hasta aquí los hechos consumados, la fotografía que muestra la falta de dignidad de la mayor parte de la clase política. El 26 de julio volverá a hablarse, en el Parlamento Vasco, sobre las víctimas del terrorismo de Estado (aunque no se les llamará por este nombre, sino «victimas de violencia de motivación política»). En un Parlamento (que, dicho sea de paso, tampoco ha llevado a cabo ningún tipo de mención ni condena en este 75 aniversario del 18 de julio) llegamos a este debate en una situación en la que los partidos políticos que negaron a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, siguen instalados en un discurso y unas prácticas que no buscan superar la dualidad entre vencedores y vencidos que se inició aquel 18 de julio de 1936, sino que, por la vía de los hechos, la consolidan.
Es hora ya de que los partidos que han contado en sus filas con militantes antifascistas represaliados rompan con sus dependencias e hipotecas adquiridas durante la «Transición» y reconstruyan un discurso y una práctica política coherente con sus orígenes. Porque los únicos coherentes, en el discurso y los hechos, son los representantes de la derecha heredera del franquismo, quienes ejercieron el control efectivo sobre todo el proceso, amparados por el ruido de sables, que tantas veces ha sido utilizado como excusa por los partidos de origen antifranquista para justificar su actuación durante aquel periodo.
En tanto no se supere la situación de discriminación jurídica, en tanto solo se reconozcan las consecuencias de la violencia sobre una parte de la sociedad, mientras se niega la existencia de las mismas consecuencias para otros sectores sociopolíticos, se estará dando continuidad a la misma dualidad establecida por el franquismo: privilegios para unos, represión y marginación para otros.

LHG denuncia la actitud del PNV en Madrid por defender la Ley de Punto Final y avalar la impunidad franquista

Más sorprendente aún ha sido su argumentación, aduciendo que los responsables de los crímenes cometidos no siguen vivos, cosa que no es cierta.
 
Lau Haizetara Gogoan * E.H
Lau Haizetara Gogoan (LHG); la coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de victimas del franquismo y del terrorismo de Estado en Euskal Herria, quiere denunciar públicamente la actitud que ha tomado el Grupo Vasco – EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados de Madrid ante una proposición del Bloque Nacionalista Galego para reformar la Ley 46/1977, conocida como “Ley de Amnistía” y considerada por diferentes estamentos internacionales como una auténtica Ley de Punto Final que impide juzgar los crímenes franquistas.
PSOE, PP, CIU y PNV, han unido sus votos negativos y sus abstenciones para avalar la impunidad del franquismo. Desde LHG denunciamos especialmente la actitud del PNV porque no ha querido rectificar el error cometido hace 35 años, ni saldar la deuda de justicia que tiene contraída con las víctimas del franquismo en Euskal Herria. Más sorprendente aún ha sido su argumentación, justificando su negativa para la reforma de esta ley aduciendo que los responsables de los crímenes cometidos no siguen vivos, cosa que no es cierta.
Esta actitud de encubrimiento y relativismo fue verbalizada por el diputado nacionalista Aitor Esteban que tras anunciar la abstención de su grupo se preguntó “a quién se podría juzgar teniendo en cuenta que el franquismo cometió sus mayores crímenes durante y en los años inmediatamente después de la guerra”. Para añadir a continuación en referencia a la pregunta “¿A quién juzgamos?” por él planteada el siguiente alegato cómplice con los responsables de los crímenes franquistas que siguen vivos: “Como no estemos pensando en un senador que era el “junior” del gobierno en los estertores del franquismo…", en lo que ha sido interpretado como una velada alusión a Manuel Fraga.
El PNV falta a la verdad y pretende esconder su aval a la impunidad con esa clase de comentarios frívolos. En primer lugar recordar que el supuesto “junior” Manuel Fraga, entró en el noveno gobierno franquista en 1962 con la edad de 40 años y que ejerció diferentes cargos en el régimen hasta 1977 por lo que es evidente su responsabilidad en la vulneración sistemática de los derechos humanos que promulgaron los diferentes gobiernos del periodo tardofranquista. Queremos citar expresamente la matanza policial perpetrada en Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 en la que fueron asesinados cinco trabajadores siendo Fraga ministro de la Gobernación y por tanto responsable directo de la actuación.
LHG considera incomprensible este aval a la impunidad que lanza el PNV a Manuel Fraga y al resto de ministros, policías, torturadores, empresarios, chivatos y cómplices franquistas que continúan vivos y siguen disfrutando de una impunidad absoluta gracias a la citada Ley 46/1977 que tanta inspiración humorística parece provocar al Grupo Vasco en el Congreso de Madrid. Esta actitud significa llanamente ignorar y condenar una vez más al olvido a cientos de asesinados, pero también a las víctimas vivas y a todos sus familiares. La historia democrática y antifranquista de los partidos no puede ser utilizada por sus actuales dirigentes y representantes como parapeto en el que cobijarse para negar su responsabilidad por no establecer, en su momento y en la actualidad, las vías de superación de las vulneraciones de derechos sufridas por las víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de estado.

Se cumplen 75 años desde el alzamiento fascista que dio inicio a la Guerra del 36

A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de esa guerra, las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación.

Gara

Tal día como hoy, hace 75 años tuvo lugar el golpe fascista que desencadenó la Guerra del 36. Los primeros movimientos iniciaron un día antes, el 17 de julio, en Melilla, aunque no fue hasta el 18 cuando los primeros efectos se dejaron notar en la Península.

Euskal Herria no fue una excepción en este sentido, y se calcula que sólo en ese primer día, unas 3.000 personas fueron ejecutadas en Nafarroa.

El colectivo Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a diversas organizaciones que trabajan en el campo de la memoria histórica, publica en la edición de GARA de hoy un artículo de opinión en el que recuerda los 75 años de impunidad de los que han gozado los artífices de la rebelión militar y todos aquellos que sustentaron el régimen franquista.

"Según el mapa de fosas publicitado por el Gobierno Español, que refleja solo una parte de los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por los franquistas durante la rebelión militar de 1936, en Euskal Herria quedan por esclarecer las circunstancias y las responsabilidades penales por más de 8.000 muertes por arma de fuego", explican.

"Quedan también por establecer –según recuerda Lau Haizetara Gogoan– la verdad, la justicia y la reparación para los miles de ciudadanos vascos muertos o heridos en bombardeos sobre población civil, para los más de 80.000 encarcelados e internados en batallones de castigo; para los más de 150.000 exiliados, para los 35.000 niños que tuvieron que ser evacuados, y un largo etcétera".

Por ello, los representantes de este colectivo han realizado un llamamiento a todas las instituciones públicas para que den pasos en el terreno de la memoria histórica.

Lau Haizetara Gogoan exige que no se equipare a víctimas y verdugos.

Sra. Mendia publicó un artículo que titula “Memoria compartida”, en el que se pone al mismo nivel a los responsables de la rebelión militar de 1936 y a los defensores de las libertades públicas.

Lau Haizetara Gogoan * E.H
Tras la publicación del artículo de Idoia Mendia, consejera de Justicia, titulado “Memoria compartida”, Lau Haizetara Gogoan denuncia que la misma clase política que discrimina a unas victimas frente a otras con la excusa de no “equiparar a víctimas y verdugos” (en lo que se refiere a la violencia de los últimos 40 años) equipara a las víctimas y a los verdugos de una violencia mil veces mayor, la desatada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936.
El 16 julio la Sra. Mendia publicó un artículo que titula “Memoria compartida” (Grupo Correo: http://www.diariovasco.com/v/20110716/opinion/articulos-opinion/memoria-compartida-20110716.html ).
En él, repitiendo un discurso que viene siendo habitual en las últimas décadas, pone al mismo nivel a los responsables de la rebelión militar de 1936 y a los defensores de las libertades públicas. La Sra. Mendía pierde toda perspectiva histórica al no tener en cuenta que todas las victimas (en combate o por represión) fueron consecuencia de la propia rebelión militar, cuyos artífices dieron comienzo a los asesinatos en masa, la misma noche del 17 al 18 de julio. Es sorprendente que quien ostenta la consejería de justicia, desconozca que “el causante de la causa es el causante del mal causado”.
Además existen notables diferencias cuantitativas y cualitativas respecto a la represión ejercida por los franquistas. Cuantitativamente, en el Estado, las victimas provocadas por el fascismo son el triple. En el caso de Euskal Herria, casi diez veces más. En lo cualitativo, los militares sublevados dieron las órdenes para eliminar a aquellos que se oponían a su proyecto totalitario. Esta eliminación fue planificada y sistemática, se cometió un verdadero genocidio político, especialmente en Nafarroa, allí donde dice que "triunfó", de forma natural, el golpe militar. Las mayores y más numerosas fosas comunes se encuentran en aquellas zonas en las que no pudo organizarse resistencia alguna a los militares franquistas. ¿Acaso se olvida la Sra. Mendia de los miles y miles de militantes de su propio partido que fueron víctimas de la represión fascista y que en muchos casos aún siguen desaparecidos? Por el contrario, la violencia desatada en territorio republicano, fue circunstancial y contraria a las órdenes de las instituciones políticas y militares.
La misma clase política que, cuando se trata de la violencia producida en los últimos 40 años (que ha causado centenares de muertos) discrimina a unas victimas frente a otras con la excusa de no “equiparar a víctimas y verdugos”, no tiene ninguna vergüenza en equiparar a víctimas y verdugos de la violencia generada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936 que, no lo olvidemos, causó centenares de miles de muertos.
75 años después se siguen vulnerando el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia efectiva y a la reparación, incluidas las garantías de no repetición. Mientras no se eliminen todos los obstáculos que hacen posible la impunidad de los criminales, hablar de equiparaciones resulta gravísimo.
El Gobierno Vasco no quiere compartir la memoria, sino ocultar y seguir manteniendo una realidad dividida, a través de un discurso que equipara a personas y situaciones diferentes e incluso opuestas. La obligación de la consejera de Justicia, es restaurar los derechos de miles de víctimas causadas por los sublevados, sus cómplices y sus herederos; usted, Sra. Mendia tiene el ineludible deber de posibilitar la superación de este estado de impunidad. Si la consejera de justicia es incapaz de discernir la diferencia entre quienes sepultaron en las cunetas a cientos de miles de ciudadanos indefensos y aquellos que lucharon en defensa de los derechos humanos, civiles y políticos sustanciados en la legitimidad republicana, Sra. Mendía tiene la obligación de dimitir o, en su defecto, debería de ser inmediatamente cesada en sus funciones por el propio presidente del Gobierno.

18 de Julio: 75 años de impunidad

Lau Haizetara Gogoan * E.H
Hubo un príncipe, Juan Carlos de Borbón, que, para ser Rey, juró lealtad a la «legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios», haciendo con ello apología del genocidio político y los crímenes de lesa humanidad
Hubo un 18 de julio de 1936 en el que unos militares fascistas se rebelaron contra la legitimidad republicana y atacaron con sus armas de guerra a una población civil indefensa. Se inició una lucha desigual en la que el pueblo en armas nunca tuvo, para defenderse, los mismos medios que los golpistas, que contaban con la ayuda de las potencias fascistas europeas y de mercenarios marroquíes. La victoria fascista supuso la instauración de un régimen sustentado políticamente en el asesinato y la tortura, en el robo y la explotación. Según el mapa de fosas publicitado por el Gobierno Español, que refleja solo una parte de los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por los franquistas durante la rebelión militar de 1936, en Euskal Herria quedan por esclarecer las circunstancias y las responsabilidades penales por más de 8.000 muertes por arma de fuego. Quedan también por establecer la verdad, la justicia y la reparación para los miles de ciudadanos vascos muertos o heridos en bombardeos sobre población civil, para los más de 80.000 encarcelados e internados en batallones de castigo; para los más de 150.000 exiliados, para los 35.000 niños que tuvieron que ser evacuados, y un largo etcétera..
Hubo una resistencia que, en los años posteriores a la victoria fascista, tomó la forma de guerrilla rural hasta los años 50 y posteriormente trasladó su lucha al ámbito urbano. En la segunda mitad de los 60 se reactivaron con fuerza las luchas obreras. La respuesta del régimen fue un incremento de la represión: asesinatos, despidos, prisión y destierro.
Hubo un príncipe, Juan Carlos de Borbón, que, para ser Rey, juró lealtad a la «legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios», haciendo con ello apología del genocidio político y los crímenes de lesa humanidad. Ahí se establecieron las bases para la continuidad del régimen. La impunidad se irá apuntalando con leyes como la de reforma política de 1976, la ley de punto final (llamada «de amnistía») de 1977 o la constitución de 1978. Durante este proceso los adictos al franquismo se vistieron de demócratas, sin responder por sus crímenes ni abjurar de sus antiguas lealtades. Toda la estructura de poder franquista pasó incólume al nuevo Estado.
Hubo una continuidad con el franquismo y la persistencia de la represión tomó cuerpo en el terrorismo de Estado. Desde finales de los 60 hasta el presente las consecuencias de esta represión se evidencian en: varios centenares de asesinatos, más de mil heridos, más de 20 mil detenidos, habiendo claros indicios de que una gran parte de los mismos han sufrido torturas (práctica que ha sido sistemática hasta, al menos, la segunda mitad de los 80). Este mapa quedaría incompleto si no incluyésemos las múltiples vulneraciones ligadas a la política penitenciaria o las represalias socio- laborales que han sufrido miles de personas. Todas estas vulneraciones de derechos deben de analizarse bajo estrictos criterios de defensa de los derechos que asisten a las victimas, criterios que fueron aprobados por las Naciones Unidas (Informe Joinet, 1997; e Informe Orentlicher, 2005) y que son sistemáticamente incumplidos por las instituciones del Estado, incluidas las autonómicas.
Hubo un 18 de julio, y los sublevados trazaron, a sangre y fuego, una nítida línea divisoria entre vencedores y vencidos: triunfo y privilegios para unos, sometimiento y discriminación para otros. Esta pauta definirá el régimen franquista y la harán suya sus herederos políticos e institucionales. La dualidad social, nacida de una lógica de guerra, seguirá vigente en sus resultados mientras no se aborde en toda su dimensión el problema de las victimas del franquismo y el terro- rismo de Estado. Los gobiernos de turno le seguirán dando continuidad por muchos homenajes e inauguraciones de monumentos que presidan. En la política, como en la historia, son los hechos y los comportamientos humanos los que definen la verdadera voluntad de los actores sociales, mucho más que las palabras dichas para no ser cumplidas.
En los últimos meses se han producido cambios que han dado una mayor presencia, en las instituciones locales y forales, a fuerzas políticas que, al menos en teoría, mostrarían una mayor dispo- sición a desarrollar políticas integrales de recuperación de la memoria histórica. En los próximos meses veremos si esto se traduce en hechos o la clase política, en su conjunto, vuelve a defraudarnos.
Hubo un 18 de julio de 1936, y sus consecuencias perduran aún, con la misma fuerza con la que la tierra de las cunetas oprime los cuerpos sepultados de miles de personas asesinadas por los genocidas franquistas.

Documento de mínimos “Oroimenaren Giltzarria”

Lau Haizetara Gogoan * E.H
“Oroimenaren Giltzarria” documento en el que se definen “las condiciones mínimas exigibles para la implementación de políticas públicas de recuperación de la Memoria Histórica”

“LAU HAIZETARA GOGOAN” PRESENTA EL DOCUMENTO “OROIMENAREN GILTZARRIA” EN LA QUE SE DEFINEN LAS “CONDICIONES MINIMAS EXIGIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA”

DOCUMENTO DE MÍNIMOS. “Oroimenaren Giltzarria” es el documento de mínimos, con el que se quiere establecer con claridad las pautas de comportamiento, las metodologías y las condiciones que las instituciones públicas deben de respetar y cumplir, para que su actuación pueda ajustarse a los requisitos establecidos por el derecho y la jurisprudencia internacional que instituye, el desarrollo integral para la recuperación de la memoria histórica, de los siguientes tres ejes vertebradores: la investigación de la verdad, la realización de la justicia efectiva y la implementación de medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición.

DISTINTIVO DE VALIDACIÓN: “Oroimenaren Giltzarria”. Los programas de actuación que respeten estas condiciones podrán ser acreedoras del distintivo que, junto al documento, se ha presentado hoy, en prueba de reconocimiento y validación de la labor realizada por la institución política, científica o agente social afectado.

Este documento adquiere una especial relevancia en el actual contexto elecciones y compromisos políticos para que los ciudadanos puedan medir con nitidez la verdadera voluntad de solución de las vulneraciones de derechos que sufren las victimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado.

CONDICIONES MINIMAS EXIGIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

1) Garantizar la PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES de familiares y víctimas del Genocidio franquista y el terrorismo de Estado  y de la recuperación de la Memoria Histórica, en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de de los programas de actuación.
2) Garantizar la existencia de una VISIÓN INTEGRAL Y COHERENTE en los programas vertebrados por estos tres ejes de actuación: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

3) VERDAD:
3.1) Definir las causas y consecuencias de la represión sufrida por la ciudadanía vasca, respetando su identidad política, social y cultural.
3.2) Elaboración del censo de todas las personas y categorías de vulneración de derechos, con el fin de restituir los derechos adscritos a la ciudadanía.
3.3) Impulsar y en su caso participar en la elaboración de mapa de fosas, exhumación de restos y de un banco de ADN.
3.4) Impulsar y/o implementar programas para la organización catalogación de archivos históricos y recuperación de documentación oral, gráfica y audiovisual.

4) JUSTICIA.
4.2.1) Promover y/o apoyar las iniciativas que exijan la anulación de la ley de amnistía de 15/10/1977. Asumir esta anulación como un principio democrático básico.
4.2.2) Garantizar la asistencia jurídica a las victimas, habilitando medios económicos y técnicos suficientes para dar inicio a los procedimientos judiciales necesarios para la consecución de la justicia plena.
4.2.3) Activación del protocolo de recogida de testimonios y su correspondiente articulación documental, con el fin de dar validez procesal ante la administración judicial competente.
4.2.4) Exigir e impulsar todas las iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios, expedientes y sentencias condenatorias realizados por el régimen autoritario.
4.2.5) Exigir e impulsar todas las iniciativas que promuevan la consideración de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y genocidio.

5) REPARACIÓN, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE NO REPETICIÓN.
5.1) Evaluar, en toda su dimensión, la deuda (humana, social, política y económica) para con las victimas, en orden a la reparación de las vulneraciones definidas y validadas, a través de la investigación de la verdad.
5.2) Impulsar en todas las localidades la rehabilitación de funcionarios públicos y trabajadores de las instituciones (públicas y privadas) que fueron expedientados, depurados y despedidas como consecuencia de su adscripción ideológica, política, sindical.
5.3) Eliminación de simbología y toponimia relacionada con el régimen autoritario, así como cualquier mención honorífica a personalidades del régimen que no se retracten de los crímenes cometidos por el mismo.
5.4) Elaboración de un censo de “lugares de la memoria” y su declaración como “zona protegida no urbanizable” el los PGOU y en las diferentes normativas urbanísticas.
5.5) Exigir e impulsar la elaboración de un plan de transmisión generacional de la memoria histórica.
5.6) Exigir e impulsar medidas que garanticen la no repetición de las vulneraciones de DDHH, civiles y políticos de toda la ciudadanía.
5.7) Reconocimiento de la deuda histórica del Estado español, para con el euskera y la cultura vasca.

6) Exigir e impulsar la creación de la COMISIÓN DE LA VERDAD DE EUSKAL HERRIA, como instrumento para, superando las leyes de punto final, recabar la necesaria documentación, obtener elementos indiciarios para el inicio de procesos judiciales y elaborar propuestas de reparación, incluidas las garantías de no repetición.

Postura de Lau Haizetara Gogoan ante la ponencia del Parlamento sobre "otras víctimas" no se ajusta a la legislación internacional.

Gasteiz * E.H
La coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado en Euskal Herria, Lau Haizetara Gogoan (LHG), denuncia que la ponencia del Parlamento sobre "otras víctimas" no se ajusta a la legislación internacional....

Lau Haizetara Gogoan recuerda que el dolor «no es patrimonio de nadie».

La agrupación Lau Haizetara Gogoan criticó ayer las diferencias existentes entre las víctimas del conflicto que vive Euskal Herria. Por ello, LHG exigió que se reconozcan como víctimas del terrorismo de Estado a todas las personas que han padecido la violencia de las FSE.

Gara

La agrupación Lau Haizetara Gogoan recordó ayer que el dolor «no es patrimonio de nadie», y exigió que se traten como víctimas del terrorismo de Estado a todas las personas que han sufrido en primera personas la violencia ejercida por las FSE, antes y después de la transición. En una rueda de prensa, los portavoces de LHG, Gotzon Garmendia y Andoni Txasko, evidenciaron su desacuerdo con la ponencia sobre víctimas de motivación política puesta en marcha el pasado lunes en la Cámara de Gasteiz. Una mesa que, según explicaron, ha tomado como punto de partida un informe «carente de la necesaria cualificación, trayectoria y referencialidad»; en el que se tienen en cuenta criterios «discriminatorios y atenuantes». Para solucionar dichas anomalías, Garmendia anunció que LHG iniciará esta misma semana una ronda de contactos con los partidos políticos presentes en la ponencia parlamentaria, todos a excepción de PP y UPyD, dos formaciones que ya han mostrado su rechazo a la equiparación de las víctimas.

En las reuniónes, previstas antes del día 26 de julio, la agrupación propondrá la elaboración de un nuevo informe, redactado por un equipo multidisciplinar e independiente, formado por personas con una probada trayectoria profesional en defensa de los Derechos Humanos. Además, Txasko y Garmendia criticaron la ausencia de las asociaciones de víctimas en la ponencia, y reclamaron la creación de una «comisión de la verdad» en la que se haga público el censo de víctimas del terrorismo de Estado. Según los informes con los que trabaja la coordinadora, en Euskal Herria la cifra de víctimas del terrorismo de Estado oscila entre las 8.000 y las 11.000, de las que medio millar serían mortales.

A parte, Txasko lanzó una pregunta al presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, para quien no existen dos tipos de víctimas, sino «víctimas y verdugos». El representante de LHG, preguntó al político donde ubicaría a Fraga, «¿con las víctimas o con los verdugos?».

La coordinadora que agrupa a asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado denuncia que la ponencia del Parlamento de Gasteiz no se ajusta a la legislación internacional.

Lau Haizetara Gogoan * E.H
La coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado en Euskal Herria denuncia que la ponencia del Parlamento sobre “otras víctimas” no se ajusta a la legislación internacional.
Postura de Lau Haizetara Gogoan (LHG) ante la puesta en marcha de la ponencia en el Parlamento de Gasteiz sobre lo que denominan “víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política”.

Se obvia el marco de la legalidad internacional...
La ponencia se sustenta en un informe que ha sido elaborado por una entidad que carece de la necesaria cualificación, trayectoria y referencialidad para tratar materias de este calado y características. El texto evidencia la ausencia de un trabajo de documentación jurídico, histórico y sociológico, imprescindibles para la consecución de unos resultados mínimamente objetivos. Para la elaboración de este informe no se han realizado las consultas pertinentes a las victimas, las asociaciones y personas cualificadas que han tomado parte en la definición jurídico-política de esta materia. En definitiva, no se ajusta a la legalidad y la jurisprudencia internacional. No se definen las categorías de las vulneraciones que quedarían afectadas por el trabajo de la ponencia, y además se establecen criterios discriminatorios y atenuantes en función:
a) Del momento en que se han cometido las vulneraciones de derechos, encuadrándolos, además, en base a unos períodos cronológicos, que se establecen de manera arbitraria, y que no se ajustan a parámetros históricos contrastados ni aceptados por la comunidad científica.
b) De las personas físicas o jurídicas bajo cuya responsabilidad se cometen las vulneraciones, dando a entender que, en aquellos casos en que las personas físicas susceptibles de investigación por comisión de delitos de vulneración de derechos pertenecen a la administración del Estado, dicha pertenencia es una causa atenuante (que podría derivar en exculpatoria), cuando, muy al contrario, esta condición debería de considerarse como agravante, en la medida en que es responsabilidad y deber del propio Estado la defensa activa de dichos derechos y, en consecuencia, evitar tales vulneraciones.
Todo esto provoca que cientos de personas queden excluidas de la consideración de víctimas de violaciones de derechos fundamentales. Se manipula la realidad histórica, política y jurídica para evitar la categorización de las violaciones como crímenes de lesa humanidad. Se rompe con el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Se niega la participación de las victimas, familiares y asociaciones. Se oculta el censo de victimas y se obvia el derecho a las garantías de no repetición, con lo que se perpetua el estatus quo socio-político que las generó. En definitiva, se mantiene la impunidad de sus responsables, y se niega el derecho a la Justicia.
La violencia sufrida por los ciudadanos que es motivo del análisis de esta ponencia ha sido ejercida por los aparatos del Estado y debe de conceptuarse como: Terrorismo de Estado.
Ante esta situación LHG ve necesaria la elaboración de un nuevo informe por un equipo multidisciplinar e independiente, formado por personas de probada trayectoria profesional y/o implicación en la defensa de los DDHH, el respeto de la legalidad internacional y el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Tomando como base el censo ya existente (elaborado por la Ponencia de víctimas de la violencia de 1999-2000 y la Dirección de DDHH durante los años 2007/2009) y otras investigaciones históricas o sociológicas publicadas hasta el presente, las instituciones deben activar los mecanismos para que el mapa del sufrimiento provocado por el terrorismo de Estado en las últimas décadas se complete en su totalidad.